Fotos de sexo: cuando los límites se mueven. (El País)

TRIBUNA: MILAGROS PÉREZ OLIVA: Periodista feminista experta en política y salud, forma parte desde su fundación de la ADPC (Associació de Dones Periodistes de Catalunya) y de la Xarxa Internacional. Es Defensora del Lector en el diario El País.

En el ejercicio del periodismo se plantea con frecuencia un problema de límites, especialmente en el gráfico. ¿Hasta dónde es lícito llegar en la función de "mostrar" la realidad? ¿Cuándo una imagen está justificada y cuándo traspasa la raya del amarillismo, el morbo o el sensacionalismo? Los dos ámbitos en los que la cuestión de los límites se plantea con mayor frecuencia, la violencia y el sexo, son precisamente aquellos en los que es más difícil establecerlos, pues tienen que ver con la sensibilidad, y ésta no sólo es enormemente variada, sino que está en permanente evolución. Los límites se mueven.

EL PAÍS publicó el 1 de septiembre un extenso reportaje titulado Sexo de pago al aire libre y en pleno centro de Barcelona cuyas imágenes han provocado una considerable polémica. Lo encabezaba una gran fotografía a cinco columnas en la que una prostituta era penetrada por un cliente y otra le estaba practicando a otro una felación. En la edición catalana, el reportaje ocupaba tres páginas y contenía varias fotos más de sexo explícito que no aparecían en las otras ediciones, aunque sí en la galería de fotos de la edición digital. Las imágenes, del fotógrafo Edu Bayer, impactaban sobre todo por su crudeza: sexo sórdido a la vista de todos, junto al mercado de la Boqueria. Con la publicación de estas fotografías, ¿ha movido el diario los límites que venía observando en relación a la publicación de imágenes sexuales?

Evidentemente, sí. De hecho, es la primera vez que se publican unas fotografías de esa naturaleza. La fotografía más explícita del acto sexual que he encontrado en la hemeroteca se había publicado en mayo de 2004 para ilustrar un reportaje en Tentaciones sobre la estrella de cine pornográfico John Colmes, Mister 35 centímetros; pero en comparación con éstas, aquélla era una imagen edulcorada, en la que los genitales y los pechos de los actores aparecían cubiertos con púdicas estrellitas. La raya se ha movido y eso ha provocado quejas y división de opiniones en la redacción. Está claro que imágenes como éstas no existían hace unos años, o al menos no eran tan visibles. El fenómeno de la prostitución no sólo se está extendiendo y agudizando de forma alarmante, sino que cada vez adquiere mayores cotas de sordidez y explotación de las mujeres.

Eso es lo que pretendía denunciar el reportaje. Numerosos medios de comunicación, incluido EL PAÍS, habían tratado la intolerable degradación del centro de Barcelona, pero ninguno había tenido la más mínima incidencia en las instituciones. Hasta que se publicaron esas fotos. Lo cual indica que hay cosas que, para que la gente se las crea y las autoridades reaccionen, no basta con contarlas. Hay que enseñarlas.Pero hay muchas formas de mostrar. ¿Era necesario que las imágenes fueran tan explícitas? Y si lo que se pretendía era "mostrar" para denunciar, ¿hacía falta tanto despliegue o con una buena foto hubiera sido suficiente? Es cierto que han quedado sin publicar algunas aún más explícitas y más sórdidas. Pero ése es un argumento falaz: cuando en periodismo se sobrepasa un límite, quienes lo hacen suelen argumentar que hubiera podido ser peor. Desde luego. Siempre se puede ir más allá.

Como ya intuían los responsables del diario, la publicación de las fotos ha provocado cartas al director y quejas ante la defensora. No cuestionan la necesidad de la denuncia. Cuestionan las imágenes. Algunos lectores las consideran gratuitas y obscenas, impropias de un diario familiar que puede ser visto por menores. Éste es el argumento en el que inciden Hortensia Aguado, Juan Manuel del Prado, Angélica Pérez y Carolina E. García Ruiz. Otros, como Jaume Berengué o Núria Mayoral, consideran que su publicación es una concesión al amarillismo. "No, no va bien la cosa en su periódico cuando publican (...) esas fotos. Lo siento, pero ése no es mi periódico. Si quiero porquería y amarillismo ya tengo otras opciones, pero como no la quiero, me niego a ser cliente de ese tipo de prensa", escribe el abogado Félix Jurado Escobar.

Por su parte, María de la Figuera, catedrática de Lengua y Literatura, se declara escandalizada: "¿No tenían ustedes un Libro de Estilo? Si lo han perdido, en mi mesa de trabajo tengo uno que utilizo para dar clases a mis alumnos". Efectivamente, el Libro de Estilo habla de las fotos, pero no es de mucha ayuda. Su artículo 5.4 dice: "Las fotografías con imágenes desagradables sólo se publicarán cuando añadan información". Pero, ¿qué es desagradable? ¿Qué añade información? De nuevo, como ven, estamos ante la dificultad de situar el límite.

El valor informativo de las fotografías fue lo que decantó la decisión de publicarlas, precisa el director de la edición de Cataluña, Enric Hernàndez. "Entiendo la desazón que pueden haber sentido muchos lectores al contemplarlas; nosotros también la sentimos cuando llegaron a la redacción. Discrepo, sin embargo, de quienes dicen que se vulnera el Libro de Estilo. No es en absoluto común que en el centro de una ciudad se practique el sexo remunerado en plena calle; eso convertía las fotos en noticia. La oposición municipal y los vecinos del Raval venían denunciando estos hechos, pero las autoridades locales los relativizaban o los negaban. La publicación de las fotos ha demostrado que las denuncias eran ciertas y ha obligado a tomar medidas inmediatas y a debatir otras de más alcance". Respecto a la cuestión de los menores, responde: "Aunque EL PAÍS no es un producto pensado para los niños, ésa fue una de las razones por las que publicamos en portada la imagen menos explícita, para que los padres pudieran decidir si sus hijos debían verlas o no. De todos modos, lo que ocurría en la Boqueria estaba a vista de todos, incluidos los adolescentes".

Qué puede escandalizar hoy a un adolescente es otra cuestión en la que los límites se mueven con rapidez, habida cuenta de la facilidad con la que pueden acceder a la pornografía. Pero una cosa es salir a buscar imágenes de sexo y otra encontrárselas en el diario donde, en principio, no se las esperan. Muchos lectores podrán estar de acuerdo, sobre todo después de ver los efectos, en que la publicación de las fotografías pudo estar justificada. Lo que puede haber contribuido a dar la sensación de que se hacía una concesión al sensacionalismo es la reiteración del primer día. Es de subrayar que en los días sucesivos no se han vuelto a publicar fotos de sexo explícito, pese a que el tema ha sido objeto de un extenso seguimiento, lo cual da credibilidad al argumento de que el propósito era denunciar una situación.

Algunos lectores extienden la crítica al tratamiento del problema, que Encarna Carmona resume así: "Esconder lo que no queremos ver". Lo que le preocupa a Amanda Alexanian "no es la publicación de explícitas prácticas sexuales, sino la total indiferencia hacia la dignidad y la integridad de las mujeres que en ella aparecen. (...) Se ha elegido tratar el tema como una cuestión de degradación de la imagen de la ciudad, de indecencia pública, alentando soluciones policiales de limpieza", lo que, en su opinión, distorsiona el problema y contribuye a la persecución de las víctimas, las mujeres forzadas a prostituirse. En ello insisten otros lectores como Eduardo Mandarás y María Jesús Montesino y varias cartas remitidas desde América Latina, como las firmadas por las periodistas Adriana Mújica, Angélica Herrera, Karmen Freixa o Mónica Molina.

La mayoría de estos lectores no ha tenido acceso a todo lo publicado por EL PAÍS. La edición catalana ha publicado hasta el sábado un total de 11 páginas, que abordan todos los aspectos del problema, incluidos los que echan en falta estas lectoras. Lamentablemente, esta información no se ha recogido en otras ediciones y no ha sido tampoco visible para los lectores de la edición digital, dado el largo vericueto que hay que seguir para llegar a los cuadernillos de las ediciones.

Una sentencia del Tribunal Supremo reaviva el debate en torno a la prostitución

El alto tribunal afirma que “la prostitución puede considerarse una actividad económica si se presta en condiciones aceptables para el Estatuto de los Trabajadores”, algo que ha reabierto el debate.

A mediados de abril, la sala de lo Penal del Tribunal Supremo absolvió de un delito contra los derechos de los trabajadores a un hombre y a una mujer dueños de varios prostíbulos en Vigo que empleaban a brasileñas a las que traían con visado de turista, al considerar que en esta relación no existía “violencia, intimidación, engaño, abuso de superioridad y especial vulnerabilidad”. Al mismo tiempo les condenó a ambos y a otro empresario colaborador por promover la inmigración ilegal. La sentencia reabre el debate sobre la regulación de la prostitución y sus vínculos con el tráfico irregular de migrantes y la trata de personas con fines de explotación sexual.

El Supremo cita varias sentencias de alcance estatal y europeo que reconocen la prostitución por cuenta propia como una actividad económica y establece que, en este caso y “al margen de razones de moralidad”, no puede ser incardinada en el artículo 312 del Código Penal, que castiga a quienes ofrecen condiciones de trabajo engañosas a extranjeros o les emplean vulnerando sus derechos laborales. Mamen Briz, del colectivo Hetaira en defensa de los derechos de las prostitutas, considera que “ésta es la parte más positiva de la sentencia. El problema radica en que la prostitución voluntaria no está regulada”, tanto si se ejerce de forma autónoma como dependiendo de terceros.

Condiciones contradictorias
Estos empresarios de Vigo imponían a las mujeres multas económicas por llegar tarde o hablar alto, también las obligaban a residir en los locales y a pagar el alojamiento y la comida. Aunque la sentencia considera que las multas “están normalmente sancionadas en el mundo de la hostelería”, Briz cree que “es más que evidente que las condiciones entran en contradicción con las normativas laborales” y las considera sobreexplotación, “algo que se da en muchos otros sectores no regularizados, como el de las trabajadoras domésticas”.

Asimismo, Briz propone impedir a toda costa su equiparación a otras actividades, regulando las condiciones laborales de una actividad económica singular que no es “comparable con otras”. Para esta integrante de Hetaira, “la ‘alegalidad’ actual favorece su explotación por parte del empresariado de la industria del sexo. No pueden seguir trabajando en estas condiciones, sin ninguna ley que les ampare, mientras la sociedad mira para otro lado”. La Asociación para la Promoción y Reinserción de la Mujer Prostituida(APRAMP) hace una lectura opuesta.

Su presidenta, Rocío Nieto, cree que la prostitución no es “un trabajo para nada, sino una violación de derechos humanos. Ninguna de las mujeres que nosotros atendemos se posiciona como prostituta sino como víctima”.

Briz remarca que la sentencia diferencia entre trata de seres humanos y prostitución, ya que “da por probado que las 11 trabajadoras del club ‘aceptaron venir a España para ejercerla, así como las condiciones económicas’, condiciones entre las que se encontraba la devolución de una parte del coste del billete aéreo y la concesión de un día de descanso a la semana. Concluye Briz que se habla “de un delito de inmigración ilegal, no de prostitución forzada”. Hetaira reivindica distinguir la trata de mujeres con fines de comercio sexual de la prostitución voluntaria. Según Briz, les preocupa “qué sucede con las mujeres implicadas en estos procesos. Porque de ellas prácticamente no se habla, se las olvida pronto”.

Recuerda que en el caso Vigo “declararon a través de videoconferencia. Entendemos que fueron expulsadas por ‘inmigración irregular’, aunque la sentencia sí habla de indemnización para dos de ellas”.

APRAMP forma parte de la Red Española contra la Trata de Personas y cuenta con mujeres capacitadas específicamente para abordar el fenómeno. Diariamente atiende a unas 220 mujeres, de las que unas 20 acceden a su Centro de Atención Integral. Según Nieto, constatan “una vulneración constante de derechos, con mujeres que quieren salir de esa situación y no pueden contarlo porque están amenazadas, no sólo ellas, sino sus familias en sus países de origen. Basta ya de decir que están ahí porque quieren”. En todo caso, el marco jurídico internacional estipula no supeditar el apoyo y la provisión de permisos de residencia para las víctimas de trata a que éstas cooperen en los procesos judiciales contra las mafias. En la práctica, la mayoría son tratadas como inmigrantes irregulares y se las expulsa a sus países de origen.

Según Nieto, los organismos de derechos humanos recomiendan “establecer protocolos de identificación que permitan no confundirlas con mujeres que migran de forma clandestina”. Cree que es la única forma de realizar una correcta intervención integral, “enfocada a la detección y persecución de las redes, así como a la sensibilización social, prevención y la recuperación y reinserción de las víctimas”.

En 2008, el Gobierno español aprobó el Plan Nacional contra la Trata, fruto del estudio sobre la prostitución que realizó la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer del Parlamento en 2007. La organización Women’s Link Worldwide, integrante de la Red, considera que “aún no se han visto cambios a pesar de los compromisos adquiridos, entre los que está introducir el delito de trata en el Código Penal para clarificar la actual confusión entre trata y tráfico de personas y la puesta en marcha de un período de reflexión para las presuntas víctimas”. En mayo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sancionó al Gobierno por no trasponer la directiva europea que da derechos a personas no europeas víctimas de trata y no brindarles un permiso de residencia.

Abolir contra regularizar
En febrero de 2007, la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer del Congreso de los Diputados (CMDM) publicó suinforme final sobre la prostitución, tras más de un año de trabajo y entrevistas con personas expertas de distinto signo. La CMDM desaconsejó regularizar la prostitución por considerar que está directamente relacionada con la trata de mujeres y su explotación sexual. Elaborado en medio de un enconado debate en el seno del movimiento feminista, los grupos prorregulación tildaron de sesgadas e ideologizadas sus conclusiones, mientras los abolicionistas las celebraron.

La sentencia del Supremo se suma a la jurisprudencia que considera la prostitución una actividad económica legítima que debe reconocerse y regularse en beneficio de quienes la ejercen.

Trata, tráfico y prostitución
El Grupo Socialista y la Plataforma por la Abolición de la Prostitución afirman que la mayoría de prostitutas inmigrantes son forzadas a ejercer esa actividad. El colectivo Hetaira por los derechos de las prostitutas remite a su trabajo y estudios como el de la Guardia Civil en 2004, según el cual el 80% de las prostitutas inmigrantes trabajan por cuenta propia. La investigadora Laura M. Agustín distingue entre las redes familiares que ayudan a migrar a mujeres que vienen a prostituirse y que han pasado a ser ilegales por las leyes de extranjería (tráfico) y mafias coercitivas (trata). Según la antropóloga Dolores Juliano, la raíz de la confusión es el Convenio para la Represión de la Trata de Personas de la ONU de 1949, que no contempla la trata con otros fines e identifica prostitución con trata.

Joana García Grenzner

Diagonal

Hetaira celebra la sentencia del TSJC porque "sienta un precedente" en el reconocimiento laboral de la prostitución
MADRID, 6 Oct. 2008 (EUROPA PRESS) -

La portavoz del colectivo Hetaira de trabajadoras del sexo, Cristina Garaizábal, celebró hoy la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que reconoce una relación laboral entre la prostituta de un club de alterne y el dueño del local. Según afirmó, "sienta un precedente" en el camino al reconocimiento laboral de la prostitución.

En declaraciones a Europa Press, Garaizábal incidió en que esta es la primera vez en que una sentencia aborda así la situación de la prostituta de un club de alterne y destacó la "complejidad" de la decisión adoptada por el TSJC, ya que nunca antes se había reconocido la relación laboral entre la meretriz y el propietario del bar, porque éste podía incurrir en un delito de proxenetismo al beneficiarse de la actividad sexual de un tercero.

La sentencia en cuestión reconoce la relación laboral encubierta entre las 20 inmigrantes irregulares que trabajaban como prostitutas en el club de alterne del punto kilométrico 155,5 de la carretera nacional C-31, en Cunit (Tarragona), cuando en marzo de 2006 una Inspección de Trabajo visitó el establecimiento.

En aquel momento, se impuso una sanción a los propietarios de 132.460,3 euros y tras los recursos planteados por la Abogacía del Estado, finalmente el TSJC ha fallado en reconocimiento de las trabajadoras.

Para Garaizábal, la decisión judicial es un paso "importantísimo" que abre la puerta al reconocimiento de los derechos laborales de las trabajadoras del sexo, más allá del artículo del Código Penal que castiga el proxenetismo.