Amnistía Internacional en su nuevo informe "La prohibición total de aborto en Nicaragua: La vida y la salud de las mujeres en peligro; los profesionales de la medicina, criminalizados" denuncia que a las mujeres y a las niñas se les niega el tratamiento adecuado para salvar sus vidas y a los profesionales de la salud se les impide que apliquen la medicina de forma eficaz. Esto contribuye a un aumento de las muertes y enfermedades en mujeres y niñas de todo el país.
Este informe es el primer estudio de Amnistía Internacional que examina el impacto en los derechos humanos sobre la negación del aborto cuando la vida o la salud de una mujer o niña está en riesgo, incluso cuando es víctima de violación o incesto.
El nuevo Código Penal aprobado en julio de 2008, introduce sanciones penales para los profesionales de la salud que tratan a una mujer o niña embarazada por patologías como el cáncer, la malaria, el VIH/SIDA o en situaciones de emergencia cardiaca, cuando el tratamiento pueda causar lesiones o muerte del embrión o del feto. Incluso llega a castigar a niñas y mujeres que han sufrido un aborto involuntario, ya que en muchos casos es imposible distinguir el aborto espontáneo del aborto inducido.
Esta nueva ley contraviene las Normas y Protocolos para la Atención de Complicaciones Obstétricas emitidos por el Ministerio de Salud, que autorizan el aborto terapéutico. El personal sanitario puede ser procesado, en función del nuevo Código Penal, en el caso de que aplique estas Normas y Protocolos Obstétricos.
Según cifras oficiales, 33 niñas y mujeres han muerto este año durante el embarazo, frente a las 20 muertes ocurridas en el mismo período del año pasado. Estos datos no reflejan la realidad ya que el propio Gobierno ha reconocido que no todos los casos de muertes maternas han sido registrados.
Los delegados de Amnistía Internacional se reunieron con jóvenes que, habiendo sido objeto de violencia sexual a manos de familiares o amigos, fueron obligadas a llevar a término sus embarazos. Es profundamente preocupante el aumento de suicidios por consumo de veneno entre adolescentes embarazadas en 2008.
Un médico le dijo a Amnistía Internacional que reza por no recibir a una paciente con un embarazo anencefálico (lo cual significa que el feto no puede sobrevivir), debido a la necesidad de tener que decirle a la mujer que se verá obligada a llevar el embarazo a término, a pesar de los devastadores efectos fisiológicos y psicológicos.
Amnistía Internacional se pregunta "¿Qué alternativas le ofrece el Gobierno de Nicaragua a una niña de 10 años embarazada como consecuencia de una violación? ¿Y a una mujer que sufre cáncer a quien se le niega tratamiento para salvar su vida sólo porque está embarazada, mientras que ella tiene otros hijos esperando en casa?,"
Amnistía Internacional insta a las autoridades nicaragüenses a:
. Derogar inmediatamente la ley que prohíbe toda forma de aborto.
. Garantizar servicios de aborto seguro y accesible para víctimas de violación y mujeres cuya vida o salud están en riesgo si continúan con el embarazo.
. Proteger la libertad de expresión de los que hablan en contra de la ley y ofrecer apoyo a las mujeres y niñas afectadas por la ley.
Amnistía Internacional pide asimismo a la Corte Suprema de Nicaragua que tome una decisión sobre la legalidad y la constitucionalidad de la ley con la máxima urgencia.
Para más información, véase:
La prohibición total del aborto en Nicaragua: la vida y la salud de las mujeres, en peligro; los profesionales de la medicina, criminalizados; Amnistía Internacional, julio 2009
Ni siquiera cuando está en juego su vida: cómo la prohibición total del aborto en Nicaragua criminaliza a los médicos y pone en peligro a las mujeres y las niñas; Amnistía Internacional, julio 2009
Ficheros:
DATOS_Y_CIFRAS_Nicaragua_jul09_02.pdf
TESTIMONIOS_Nicaragua_jul09_02.pdf
CONTEXTO_LEGAL_Nicaragua_jul09_02.pdf
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